Por Catalina Herrera
29 de octubre, 2009 (OpusGay.cl).- La noticia se reprodujo como la espuma y dio la vuelta al mundo a través de los medios de comunicación más masivos de cada país. Se dijo, y se sigue sosteniendo en gran parte del mundo, que el pasado 9 de septiembre Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en aprobar una ley de adopción para parejas integradas por personas del mismo sexo.
Los colectivos y medios de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) cantaban victoria y dedicaban sus discursos y acciones a este "histórico logro" que marcaba un antes y un después en la lucha por la igualdad y la no discriminación en toda América Latin a.
Pero la noticia es difusa. Según algunos colectivos LGTB y diversas autoridades, incluidas las que redactaron e impulsaron la norma, el Senado uruguayo jamás aprobó una ley de adopción que permitiera explícitamente a las parejas homosexuales adoptar hijos o hija s.
Se dice que sólo fueron modificaron algunos artículos del denominado Código de la Niñez y Adolescencia Relativas a Adopción mediante un proyecto de ley aprobado en el Senado por 17 votos a favor y seis en contra. Proyecto que aún cuando de ninguna forma se refiere a las parejas LGBT, si habla de unión concubinaria, vínculo permitido a homosexuales desde el 2007
Lamentablemente, esa última norma da dudosas garantías para la diversidad sexual, pues " con el argumento de facilitar la aprobación de la ley concubinaria, se realizó un cambio en el proyecto original (artículo 10), agregando que la adopción corre sólo para parejas de diferente sexo", recuerda el presidente del Centro de Investigación y Estudios Interdisciplinarios en Sexualidad del Uruguay (CIEI-SU), Dante Olivera.
Así tras darse el vamos a la nueva ley de adopción, "la alegría inicial no dejó ver que el proyecto aprobado no era claro en lo referente a la situación de las personas (homosexuales) unidas en concubinato legal (...) De esa forma, la noticia se recibió primero con euforia, y con sorpresa y pesadumbre al final", añade Olivera.
En la actualidad Uruguay está dividido y todo indica que la lucha de las parejas del mismo sexo para adoptar no terminó con la ley, pues los procesos se judicializarían, dejando a los jueces la última palabra
 | Margarita Percovich.
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Una de las voces de alerta sobre la carencia de referencias específicas a la población homosexual en la aprobada ley de adopción provino nada más, ni nada menos que de su gestora, la senadora Margarita Percovich, la misma que impulsó la unión concubinaria que desde diciembre del 2007 reconoce a las parejas del mismo sexo, con cinco años de convivencia, derechos personales y patrimoniales, pero no a la crianza de hijos o hijas.
La nueva ley de adopciones "no estuvo pensada" para que parejas homosexuales puedan adoptar. "La ley no la hicimos para eso, la hicimos para que hubiera un trámite que no permitiera el tráfico de niños", señaló Percovich, aún cuando reconoce que la norma, debido a su ambigüedad, si puede derivar en que parejas homosexuales inicien procesos de adopción, determinación que finalmente será del juez, añade la parlamentari a.
Esta interpretación no sólo se fundamenta en la ausencia de indicaciones sobre las parejas de gays o lesbianas en la mencionada norma, sino también en otros motivos. El primero es que la ley permite la adopción a "concubinos con cuatro años de vida en común", mientras que la unión concubinaria para homosexuales aprobada en el 2007 habla de un año más.
Esta diferencia "es la prueba más clara de que el legislador no se está refiriendo a la unión concubinaria", señaló a El País el abogado y profesor en Derecho Civil, Juan Andrés Ramírez.
La idea es compartida parcialmente y con importantes matices por Olivera. "Al no usarse la palabra concubinato o unión concubinaria, queda a criterio de los jueces la decisión final sobre la adopción por personas del mismo sexo. Esto último es lo que mantiene la expectativa y la esperanza de la posibilidad de adopción. Tomando en consideración que las decisiones judiciales en nuestro país son conservadoras y que se planteó la posibilidad de una ley interpretativa, podemos sostener que por ahora no será posible la adopción",sostiene.
La opinión de Ramírez también es replicada por el diputado y abogado del Frente Amplio, Jorge Orrico, para quien "no hay inconsistencia en la ley. Si hay unión concubinaria no hay que comprobar nada; en el otro caso, hay que demostrar que se estuvo cuatro años en concubinato. Son dos situaciones distintas".
En segundo término, la norma añade que "en los casos de adopción, el hijo sustituirá su primer apellido por el del padre adoptante y el segundo apellido por el de la madre adoptante", lo cual por lógica excluiría de la ley a parejas homosexuales, aunque si permite la adopción a hombres o mujeres soltero/as, siguiendo la línea del Código de la Niñez aprobado el 2004.
La polémica sobre la adopción homosexual ha ido de la mano de otra que cuestiona las facultades entregadas al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) para el proceso, quitando el poder que antes tenía en este plano a una ONG llamada Movimiento Familiar Cristiano (MFC) .
"El único órgano competente para la selección y asignación de familias adoptivas es el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay a través de equipos especializados en la materia y del Registro General de Adopciones", señala la norma.
Mientras que el diputado del Partido Nacional, Gustavo Borsari, repudia este derecho del INAU, por ser "una instancia de tipo política que dependiendo de la autoridad de turno ideologizará los procesos de adopción", su colega del Frente Amplio, Javier Salsamendi, sostiene que ello sólo da seriedad a los tramites, además de agilizarlos.
Sea como sea, el principal debate se centra en la posibilidad de que parejas homosexuales adopten y, para Salsamendi "si la homosexualidad no es patológica, según todos los entes especializados en esta materia (..) entonces es normal. Si es normal no debería haber un inconveniente particular".
 | Dante Olivera.
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La Cámara de Senadores de Uruguay se compone de 30 parlamentarios y el día de la votación de la ley de adopción, ya promulgada por el presidente Tabaré Vazqués, había 23 presentes.
Según cifras oficiales, el momento de esta votación sólo 20 parejas se habían acogido a la ley concubinaria, la mitad de las cuales están constituidas por personas del mismo sexo, las mismas que automáticamente hoy podrían adoptar si es que los debates que aún persisten concluyen que la norma aprobada el pasado 9 de septiembre es extensiva a lesbianas y gays.
La posibilidad se ve difícil. De hecho, en la página oficial del Senado uruguayo en ninguna parte se mencionan a las parejas del mismo sexo, menos aún cuando Percovich dio la cuenta oficial de la sesión del 9 de septiembre.
" Durante muchos meses de los años 2007 y 2008 trabajamos en la Comisión de Constitución y Códigos de esta Cámara para aprobar algunas modificaciones del capítulo de Adopción del Código de la Niñez y Adolescencia para adecuarlo a los principios de la Convención de los Derechos del Niño", señaló en esa oportunidad Percovich.
Añadió que "las columnas vertebrales de esas modificaciones buscaron garantizar el debido proceso legal para la inserción adoptiva en toda la ruta que siguen los niños y niñas de su lugar/familia de origen hasta la familia adoptiva; buscaron también que esa ruta fuera un proceso único, más breve pero que garantizara los derechos fundamentales de los adoptados, eliminando hijos de 1ª y 2ª categoría. Por último buscamos con el nuevo texto garantizar el derecho a la identidad de los niños y niñas adoptados desde su nombre, la posibilidad de mantener con naturalidad los vínculos con su familia de origen si así lo deseara y los apoyos para este proceso de cambio de identidad". Y así terminó el relato, sobre parejas homosexuales, nada.
¿Qué viene? El panorama para las parejas homosexuales no está, en consecuencia, del todo claro, y sólo la aplicación práctica de la ley tendrá la última palabra, en medio de un ambiente hostil, pues no sólo la alta jerarquía de la Iglesia Católica se ha pronunciado contra la norma a través del arzobispo de Montevideo y Presidente de la Comisión para la Familia de la Conferencia Episcopal del Uruguay, Nicolás Cotugno, sino también la ciudadanía, según reflejó una encuesta.
Se trata de un estudio de la empresa Equipos Consultores, "donde el 53 por ciento de los uruguayos se opone a la ley, el 39 por ciento la apoya y el 8 por ciento no tiene opinión definida o prefirió mantenerla en reserva".
Con todo, una parte del movimiento LGBT de Uruguay no permitirá que la ley de adopción tenga más de una interpretación, sino que sólo aquella que beneficia a las parejas homosexuales, pues para ellos y ellas la unión concubinaria abarca todo tipo de vínculos, no sólo las heterosexuales.
Eso obligará al triunfo de "una nueva ley interpretativa favorable", pero también a una mayor movilización de los colectivos LGTB, pues por ejemplo durante la votación de ley de adopción en el Congreso ningún activista estuvo presente, situación explicable, a juicio de Olivera, por " un problema cultural ligado a un estado paternalista".
"No hay movilizaciones que exijan a los parlamentarios que presenten proyectos que solucionen necesidades de integración social, en su más amplia acepción, de gays, lesbianas, bisexuales, intersexuales y personas trans. Si bien piden asesoramiento a las organizaciones LGBT, los proyectos son presentados por los parlamentarios, son "sus proyectos", esto es lo que desmoviliza al conjunto del colectivo LGBT", considera Olivera.
Antes de su aprobación del pasado 9 de septiembre, la ley de adopción había corrido igual suerte el 27 de agosto en la Cámara de Representantes con 40 votos a favor, 13 en contra y la ausencia de 46 diputados.
Lo mismo había sucedido casi un año antes en el Senado, el 16 de julio del 2008, con 17 votos a favor, 8 en contra y siete inasistencias.
Finalizado este proceso, Olivera desconoce si finalmente los uruguayos "seremos los primeros en tener una ley de adopción en América Latina, pero nos da esperanzas que en los últimos seis años se presentaron proyectos que en este momento son leyes que benefician a las personas sin distinción de género, orientación o identidad sexual",
"De cualquier forma será necesario una importante movilización y advocacy de los integrantes de los grupos LGBT para que esto sea posible", puntualizó.
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