GRUPOS HOMOFOBICOS PIERDEN GUERRA CONTRA LA ORDENANZA ANTIDISCRIMINATORIA EN LA CONTRALORIA

La Ordenanza impulsada por el Movilh, y ya aprobada en cuatro comunas, fue víctima de una desconocida movilización de grupos homofóbicos que intentaron declararla inconstitucional a través de presentaciones ante la Contraloría General de la República. Felizmente, el informe final de dicha instancia fue favorable a la Ordenanza

LA CONTRALORIA
RECHAZO HOMOFOBICO Y TRANSFOBICO

Por Daniel Ulloa

1 de abril, 2010 (OpusGay.cl).- Desde el año pasado que el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) viene sosteniendo reuniones con diversos Concejos Municipales para avanzar en la aprobación de Ordenanzas contra la Discriminación.

El proceso ha marcado historia pues a enero del 2010 cuatro comunas, La Serena, Santiago, Chillán y Puerto Montt, han aprobado la Ordenanza, norma que enfrenta y previene la discriminación que afecta a variados sectores sociales, incluidos lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT).

La travesía, sin embargo, no ha sido nada fácil, pues a la oposición pública manifestada por sectores conservadores, como los evangélicos y católicos, se sumó otra más privada y que buscada no sólo impedir el avance de más ordenanzas, sino también decretar nulas las que ya habían sido aprobadas, mediante trámites formulados ante la Contraloría General de la República.

Dicha estrategia homofóbica y transfóbica, surgió en agosto pasado cuando la directora del Centro de Libertades Religiosas de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, Ana María Celis, asistió a una reunión del Concejo Municipal de Curacaví, donde había sido invitado el Movilh para presentar los contenidos de la Ordenanza.

En la ocasión, Celis expresó una férrea oposición contra la Ordenanza porque beneficiaba a las minorías sexuales, alegando que ello podría ser inconstitucional. Su postura generó incertidumbre en el Concejo Municipal de Curacaví, y Celis ganó una primera batalla: consiguió que la norma no fuera aprobada en esa comuna, y que además se informara sobre su existencia a la Contraloría General de la República, a objeto de que tal órgano corroborara su carácter inconstitucional.

La guerra fue perdida por Celis y ganada por los sectores discriminados, pues en un informe del pasado 10 de enero, la Contraloría validó el carácter legal y constitucional de la Ordenanza.

"Este es un importante triunfo, que abre más puertas para la aprobación de nuevas ordenanzas en otras comunas. También posibilitará avanzar en discusiones más serias sobre el Proyecto de Ley contra la Discriminación, el cual se encuentra estancado en el Congreso Nacional precisamente porque algunos sectores han alegado que al considerar a las minorías sexuales se estaría en presencia de vicios constitucionales, lo cual ya está claro que no es cierto", apuntó el presidente del Movilh, Rolando Jiménez.

LA CONTRALORIA

En un informe de la Subdivisión Jurídica de la División de Municipalidades, firmado por la sub contralor general, Sonia, Doren Lois, la Contraloría en ningún caso advirtió sobre posibles rasgos anticonstitucionales de la Ordenanza Contra la Discriminación creada por el Movilh. Muy por el contrario, hizo una serie de observaciones a tres de sus ocho artículos, sólo con el objetivo de enriquecerla.

"Esto es muy importante, porque indica que desde la Contraloría no existe ningún tipo de oposición a la Ordenanza. Más aún lo es, porque la Contraloría nunca se mostró en desacuerdo con que las minorías sexuales, junto a otros sectores discriminados, también se vieran beneficiadas con la Ordenanza, pese a ser el fin de los oponentes a la norma", apuntó Jiménez.

En el informe la Contraloría señala que "ha estimado pertinente efectuar algunas consideraciones en relación al contenido" de la Ordenanza, pero al mismo tiempo aclara que su postura es sólo una recomendación que puede ser usada por la "la entidad edilicia para los fines que estime conveniente".

Así, y sin oponerse a la Ordenanza, la Contraloría sólo propone que la sanciones administrativas contra las funcionarios municipales que incurran en prácticas discriminatorias, así como las asesorías gratuitas a personas afectadas por la exclusión y la implementación de programas favorables a la diversidad social, todos aspectos garantizados en el documento elaborado por el Movilh, sólo deben encuadrase en las normas de las municipalidades.

"Con dicha observación, la Contraloría no se aleja en nada del espíritu de la Ordenanza, sino que sólo explicita un aspecto que estaba considerado de manera implícita, pero que resulta muy útil de recordar para evitar arbitrariedades en la aplicación de la norma. Por tanto, este pronunciamiento de la Contraloría es un aporte y no un obstáculo", añade el Movilh.

Por último, y en relación al articulo 2 de la Ordenanza, aquel que habla de la diversidad sexual, la Contraloría no hizo ninguna observación, validando el aspecto defendido por el Movilh y que dio origen a la polémica.

RECHAZO HOMOFOBICO Y TRANSFOBICO

Desde agosto pasado que el Movilh tenía conocimiento de que los sectores conservadores estaban cursando acciones ante la Contraloría para torpedear la Ordenanza, luego de que su incidencia política frente alguno municipios perdiera terreno y derivara en la aprobación de normas de ese tipo en cuatro comunas en menos de un año.

Sin embargo, el Movilh no denunció el hecho, ni tampoco lo reportó en su último Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual. "No sabíamos en que terminaría esto, ni tampoco queríamos alertar a más reacciones contra la Ordenanza. Decidimos esperar pacientemente el pronunciamiento de este órgano y de ahí definir acciones. Felizmente, ahora las ordenanzas seguirán su curso".

Utilizando una estrategia similar a la cursada en torno al Proyecto de Ley que Establece Medidas contra la Discriminación, los sectores homofóbicos en sus presentaciones ante las municipalidades y ante la Contraloría alegaron que la norma no podía considerar a las minorías sexuales como un grupo vulnerables e insistieron en que ello afectaría la libertad religiosa.

"El tiempo ha demostrado, y en función de análisis jurídicos serios, de que ni la Ordenanza, ni el Proyecto de Ley contra la Discriminación afectan la libertad religiosa, pues el espíritu ha sido precisamente el contrario. Esta ha sido más bien un excusa, para impedir que la no discriminación sea un principio resguardado a cada chilena y chileno.", sostuvo la activista del Movilh, Sofía Velásquez.

El Movilh puntualizó que "lo importante y bueno es que seguimos avanzando hacia la igualdad de derechos, a veces muy lento y otras con retroceso, pero el empuje por construir un país más justo, es imparable".

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